Entidades de todo el territorio español se ponen de acuerdo para frenar el sinsentido de excluir de la ley a los perros usados en la actividad cinegética
Debemos felicitarnos porque la respuesta cívica de asociaciones y particulares a favor de la protección de los animales está siendo muy potente e inclusiva. El PSOE ha presentado una enmienda que eximiría a los responsables de los perros de caza de cumplir con unas obligaciones mínimas, a pesar de que ello repercuta negativamente en la población general. El PSOE ha conseguido aglutinar a una mayoría contra los inconsistentes privilegios de unos pocos.
Un autobús reivindicativo, un documento incontestable con 100 noticias de maltrato publicadas en medios generalistas y movilizaciones digitales y presenciales avalan el posicionamiento de los expertos contra las excepciones. Ningún partido democrático debería denunciar y al mismo tiempo amparar el maltrato. El maltrato y la falta de registro y garantías de bienestar atentan contra los valores de los países desarrollados. Los portavoces de la campaña insisten que no se trata, en esta ocasión, de ir contra la caza, pero sí contra la asistencia con perros en las mismas, y menos en las condiciones actuales.
Aunque la posición de los socialistas resulta especialmente decepcionante al oponerse al perfil progresista que se le supondría, también muchos de los representantes del arco más conservador deberían dar un paso adelante a favor de los animales. Comprender que un ser sintiente merece ser protegido y respetado y apoyar el Convenio Europeo de Protección Animal, ratificado en 2017, debe interesar a todo el arco político en la medida que los parlamentarios son humanos. No hace falta sentir una afinidad especial por los perros o compartir con ellos la vida familiar para votar a favor de su amparo.
El 0’15% de los españoles tiene una licencia de caza, de todos ellos, solo una parte se sirve de jaurías, rehalas o perros de localización y captura. La concepción utilitaria de los canes desprecia sus necesidades y fácilmente podría incurrir en el maltrato, la mayoría de las veces involuntario. Las formas tradicionales y más rentables de mantener con vida los perros usados en la caza no garantizan su bienestar. Hay que hacer esfuerzos suplementarios que alcancen los estándares del siglo XXI dictados desde la veterinaria y la etología. Las leyes deben impulsar la voluntad de todos para mejorar el trato que reciben los perros y también acabar con el abandono y el sacrificio.
No hay duda que hay perros estrechamente vinculados a personas que cazan y que reciben un buen trato. Los aficionados responsables deben apoyar las medidas proteccionistas que otros colegas menos cuidadosos quieren evitar. La irresponsabilidad de unos pocos debe ser acotada mediante la mejora de los mecanismos de identificación y registro, de supervisión de seguimiento veterinario y garantía de habitabilidad, nutrición, sociabilización y atención adecuada hasta el fin natural del ciclo de vida. El abandono de perros debe afrontarse de una manera decisiva y urgente. No caben las excepciones.
Podemos entender que la caza asistida con perros protagonice gran parte del problema de abandono a expensas del bien común. La actividad cinegética está sujeta a la estacionalidad y además es competitiva. Es decir, que los perros no son “útiles” todo el año, ni todos los perros reúnen las características deseadas por los cazadores. Algunos cachorros son descartados de primeras, otros una vez ya usados y los últimos al accidentarse o envejecer. Si del número y la calidad de los perros depende la obtención de buenos resultados a ojos del cazador, es lógico que se fomente el mayor número de cachorros entre los que elegir los que excelen. Si no fueren seres sintientes, si abandonarlos y matarlos no fuese un delito y si el rescate y la asignación a nuevos hogares no fuese tan costoso para todos, podría entenderse la “lógica”. Los datos de una encuesta profesional de reciente publicación son abrumadores, el 73% de los españoles está en contra del uso de los perros para cazar.
No todas las camadas que acaban en las protectoras, o son sacrificadas de un modo criminal, son indeseadas. Algunos inconscientes o codiciosos no esterilizan por el coste de la intervención, por un exceso de confianza en la capacidad de retención de su animal o porque se acogen a ideas peregrinas sobre la necesidad y el deseo de los canes y la naturaleza. Muchos otros facilitan los embarazos, seleccionan los neonatos que les interesan y desechan el resto por su aspecto, porque no pueden rentabilizarlos o porque no encuentran a quien colocarlos. Deberíamos plantearnos si en realidad se trata de embarazos no deseados o se trata de algo más cruel y socialmente gravoso.
Los animales que son concebidos como herramientas para una práctica ociosa o lucrativa son los que tienen más números de ser desechados por sus propietarios. El número de cachorros gestados no puede ser controlado si no es mediante fecundación asistida. Así que un parto puede saldarse fácilmente con más perros de los que uno puede estar dispuesto a alimentar, cuidar o mantener en unas condiciones dignas. La morfología, el carácter y el comportamiento pueden determinar la selección o el descarte ejecutados con la misma desafección de quien llena una bolsa en la frutería.
Desde Europa se afea a España la exportación masiva de perros rescatados a otros países. Un tema pendiente es comprobar qué tanto porciento acaba en buenas familias y que tanto no. Algunas perreras extranjeras retienen perros españoles porque no encontraron familia, fueron devueltos o sirven para justificar la financiación de las instalaciones. Llevarlos fuera es un parche a la falta de soberanía intelectual y moral para adoptar una política responsable y transformadora. Para quien necesite más argumentos recomendamos consultar y actuar a través del dossier de los horrores.
