El Tribunal Superior de Justicia aclara que el Gobierno de Canarias no tiene competencias para imponer medidas sobre los gatos comunitarios

Tiempo de lectura: 2 minutos

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ACLARA QUE EL GOBIERNO DE CANARIAS NO TIENE COMPETENCIAS PARA IMPONER MEDIDAS SOBRE LOS GATOS COMUNITARIOS

En diciembre de 2024, FAADA, Asociación FdCATS, Fauda, Animanaturalis y PACMA, presentamos un recurso contencioso administrativo contra resoluciones del Gobierno de Canarias que establecían criterios y posibles actuaciones para controlar e incluso eliminar gatos comunitarios en determinados espacios naturales.

Desde estas entidades considerábamos que estas medidas no respetaban ni la normativa vigente en materia de protección animal ni los derechos de los animales afectados por lo que decidimos emprender acciones legales.
Recientemente hemos recibido un Auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que supone un paso muy importante para la protección de los gatos comunitarios en el archipiélago. Este documento judicial aclara que el Gobierno de Canarias no tiene competencias para imponer medidas sobre la gestión de los gatos que viven en espacios naturales protegidos.

Es decir, el Tribunal ha dado la razón a nuestra postura en un aspecto fundamental, las resoluciones del Gobierno Canario no son normas obligatorias ni pueden imponerse a municipios o Cabildos, porque el propio Gobierno de Canarias no tiene competencias para decidir sobre la gestión de estos animales en los espacios naturales del archipiélago.

El Tribunal aclara que la responsabilidad en este ámbito recae únicamente en los Cabildos insulares, y que cualquier directriz emitida por el Gobierno autonómico solo puede entenderse como una recomendación sin carácter obligatorio.

En otras palabras, las medidas que habían generado tanta preocupación entre entidades, gestoras de colonias y ayuntamientos, no pueden aplicarse automáticamente ni justificar la adopción de acciones perjudiciales para los gatos comunitarios.

Desde FdCATS continuamos impulsando el procedimiento contencioso-administrativo para garantizar que las actuaciones de la administración sobre colonias felinas y gatos comunitarios en Canarias, respeten la normativa vigente y su bienestar.